La calma del encinar
IMPUTADÍSIMA
Tomás
Martín Tamayo
Con dos votos a favor y uno en
contra, la Audiencia de Palma ha levantado la imputación a la infanta Cristina,
haciéndole un elocuente corte de mangas al juez Castro, que ahora deberá
concluir el sumario en plan “aterriza como puedas” porque no podrá rellenar los
baches que en el sumario llevan el nombre de la infanta. Pero el juez discrepante de la Audiencia ha
hecho público su criterio, sin perderse en sofismas legales y para que todo el
mundo pueda verificar que la supuesta igualdad ante la Ley no pasa de las
palabras, porque los hechos, como es el caso, demuestran que la Ley es una cosa
y la justicia otra bien diferente. Ante la Ley da igual Agamenón que su
porquero, pero después llegan los jueces y a Agamenón le ponen alfombras
sembradas de pétalos y de su porquero nunca más se supo. Ni el nombre.
Según nos dice el juez, el
tercero en discordia, resulta que el fiscal que recurrió la decisión, jamás, en
toda su larga carrera, se había opuesto una imputación, lo que resulta tan
llamativo como sospechoso. Manda “güevs” que se haya estrenado precisamente
ahora ¿Y qué pensar de la diligente abogacía del Estado, auto invitándose a la celebración
y metiéndose en un patatal que no había pisado jamás? ¿Y el Gobierno, por boca
de su ministro de Exteriores, celebrando la buenísima noticia? ¿Y el fiscal
General lanzando cohetes de alegría? Finalmente, resulta que los dos jueces que
han levantado la imputación, tampoco habían hecho nunca antes algo semejante. ¡Vamos,
que se han estrenado todos con este caso! ¿Todos iguales? Que sí, que sí, que
por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas. A pesar de las
grotescas evidencias, ¿no debemos ser tan maledicientes como para ver en todo
esto trato de favor e interés alguno por parte de los poderes públicos? Sí, todos
iguales y como diría Marujita Diaz, “chim-pón”.
Lo que no ha conseguido el
fiscal, ni la abogacía del Estado, ni los dos jueces de la Audiencia de Palma,
es levantar la imputación de la hija del rey en la opinión pública, donde si
antes estaba imputada, ahora está imputadísima por lo suyo y por el aparatoso trato
de favor recibido. Veremos en qué acaba
este enredo, pero creo que flaco favor le han hecho a la Casa Real con esta
demostración empírica sobre una desigualdad que deslegitima y pone en evidencia
conceptos básicos de toda democracia medianamente solvente. Si ya chirriaba en
la opinión pública la “imputabilidad constitucional del rey”, parece cuanto
menos lacerante que ésta se extienda también a su hija, pero supongo que los
estrategas habrán elegido la senda menos tortuosa y, entre ver a la infanta en
el “banquillo” y liberarla de él, habrán sopesado lo más conveniente para el
horno, aunque el horno no esté para bollos.
La infanta participaba,
opinaba y se lucraba de los estrafalarios beneficios de unas empresas
fantasmas, montadas para defraudar, utilizando en origen a la monarquía y barnizadas
con apelativos de ONG, pero resulta que ella, pobrecita, no sabía nada. La
situación judicial de la hija del rey y esposa del “cerebro” Urdangarin es muy
confusa, porque su imputación está
suspendida, pero no anulada, con lo que es posible que, a pesar de tanto trajín,
vuelva a ser imputada “por la comisión de delitos contra la Hacienda pública y
por blanqueo de capitales”… No, no, yo no lo creo. José Mota lo resumiría: “luego después, si
eso, ya veremos… ¡que tampoco!”
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